Apoderados aseguran que para el presidente Evo Morales, el caso está cerrado con la conclusión de que el hijo que tuvo en común con su expareja, Gabriela Zapata “no existe”. En tanto Zapata afirma, que ahora sí someterá al menor a la prueba de ADN y adelanta una demanda en la CIDH por vulnerar los derechos del niño.
El viernes pasado, la juez segundo de Niñez y Adolescencia, Jacqueline Rada, declaró “improbada” la denuncia planteada por Morales sobre la supuesta “violencia psicológica” que Zapata cometió en su contra, al no permitirle conocer a su hijo E. F. M. Z.
“Hoy es mi primera victoria. La demanda que ha presentado el señor Presidente contra mi persona ha salido improbada”, declaró con aire triunfante la también exgerente comercial de la CAMC y representante de otras varias empresas chinas que se adjudicaron millonarios contratos con el Estado.
“Ahora, lo que voy hacer es presentar una demanda de negación de paternidad, ahí sí voy a someterlo a mi hijo a la prueba de ADN”, continuó declarando Zapata que aseguró que se ha ejercido violencia por parte de “todo un aparato de gobierno contra un niño (su hijo)”.
“NO EXISTE”
Sin embargo, Gastón Velásquez y María Ponce, apoderados del presidente Morales, aseguraron que Zapata y su defensa mal interpretaron la resolución de la juez Rada.
“El caso, para el señor Evo Morales, está cerrado, él ha tenido un propósito, de conocer, relacionarse y cumplir con ese niño y la señora (Zapata) ha hecho todo lo posible para no mostrar a ese niño y no presentarlo físicamente y por eso la juez ha establecido que no existe”, afirmó Velásquez a EL DIARIO.
Añadió que la juez no podía pronunciarse sobre los derechos de un niño del cual se duda la existencia, que afirma figura en la resolución de la jueza, ante la “duda razonable” de la inexistencia del menor.
El jurista señaló que en el proceso, se han presentado elementos para demostrar que Zapata mintió sobre el menor como las declaraciones de su hermana Paola Zapata, informes del Servicio General de Identificación Personal (Segip) y del Ministerio de Educación sobre el que el nombre del menor no se encuentra en sus registros, además de hacer notar que en allanamiento hecho a su domicilio no se encontró prueba de la convivencia del menor.
Al respecto del niño que los abogados de Zapata presentaron físicamente para la evaluación ante la comisión interdisciplinaria (Defensoría de la Niñez, psicólogo y trabajadora social), Velásquez aseguró que este no correspondía con la imagen del registro fotográfico y que este no corresponde a la edad del menor en cuestión.
Pese a todo esto, Velásquez admitió que en el proceso no existe documento que demuestre la muerte o inexistencia del menor.
NO DEBATIERON EXISTENCIA
Sobre estas afirmaciones, Eduardo León, abogado de Zapata, desmintió este hecho y lo que la comisión interdisciplinaria mencionó fue que la “edad emocional” no correspondía a la un niño de 9 años que son los que indica el certificado de nacimiento presentado por la propia defensa del Presidente.
Por otro lado, aclaró que en este proceso nunca estuvo en debe la existencia de E. F. M. Z. y esa fue la razón por la cual se rechazó en primera instancia la prueba de ADN, pero ahora el panorama ha cambiado.
Además de reiterar que ganaron en este proceso, León aseguró que la juez “ni siquiera consideró los recortes de periódicos” a los que Velásquez se refiere como pruebas, donde figuran las declaraciones de familiares de Zapata.
DEMANDA EN CIDH
“Se va a presentar una nota a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) a fin de poder denunciar el ultraje y la violación de derechos y garantías constitucionales que se está realizando sobre la imagen, sobre el nombre de la filiación al cual tiene derecho el menor de edad y que se está afectándose seriamente”, señaló el jurista.
En febrero, a dos semanas de efectuarse el referendo constitucional que perdió, Evo Morales aseguró que el hijo que tuvieron con Zapata en 2007 había fallecido y a tiempo de denominar a su expareja como “una cara conocida” también afirmó que no mantenía contacto con ella desde hace varios años.
Sin embargo, al ser detenida Zapata, Pilar Guzmán indicó que el menor vivía y a partir de ahí se le inició dos procesos, uno por tráfico de influencias y el otro por violencia psicológica, el cual ganó el pasado viernes cuando también señaló: “Yo, no tengo por qué pagar facturas electorales, estoy encarcelada por una factura electoral que no me corresponde pagar, mi hijo no les ha hecho ningún daño, jamás lo he mostrado, no lo he utilizado para nada, no sé por qué la saña y el daño”, cuestionó.
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