El Juez Sexto de Instrucción en lo Penal, Fernando Ribadeneira, envió hoy a la cárcel a cuatro acusados de suplantar el hijo de Gabriela Zapata Montaño, expareja del presidente Evo Morales, y una gestante, también del mismo caso, recibió medidas sustitutivas de detención domiciliaria.
Claudio Rivera Guzmán, Wilson Garrido, hijo y esposo de Pilar Guzmán, respectivamente, y Víctor Vega (padre del menor que fungió como hijo de Zapata) fueron enviados a la cárcel de San Pedro. Isela Chávez, esposa de Vega, fue remitida al Centro de Orientación Femenina de Obrajes. Andrea Guzmán, hija de Pilar, fue arraigada y recibió detención domiciliaria, debido a que se encuentra en una gestación de seis meses, según boletín de la Fiscalía de La Paz.
El Ministerio Público citó el artículo 281 del Código de Procedimiento Penal para solicitar que la sanción de los imputados por el delito de trata de personas sea agravada en un tercio por la relación de parentesco con el menor.
El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, informó que los detenidos están implicados en la presunta comisión de los delitos de trata de personas, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, engaño a personas incapaces y asociación delictuosa.
En la audiencia de medidas cautelares, la Comisión de Fiscales detalló ante el juez Ribadeneira la relación de los hechos respecto a que los hijos de Pilar Guzmán, imputada y encarcelada por los mismos delitos, presentaron al infante, ante una juez del menor, con el propósito de beneficiarse con dinero y dadivas ofrecidas por Zapata.
"Se determinó la verdad”
El fiscal Blanco dijo que en este caso y "en resguardo de los intereses del menor, el Ministerio Público ha logrado determinar la verdad material de este hecho en base a prueba documental debidamente obtenida y luego de haber individualizado a todos los partícipes de este hecho es que realizó un operativo a la cabeza de la Fiscalía para dar con el paradero del niño que fue utilizado por los imputados como si se tratase del hijo de Zapata, en consecuencia estamos restituyendo los derechos del menor”.
Según las declaraciones de los imputados ante la comisión de fiscales, a insistencia de Zapata, de conseguir un niño para que se haga pasar por su hijo, Rivera se contactó con su amiga Chávez, a quien le ofreció una alta suma de dinero, además de la colegiatura pagada del menor en una prestigiosa unidad educativa de La Paz.
En ese marco, los imputados trasladaron el 11 y 12 de abril pasado al menor a la casa de Zapata, ubicada en la urbanización de La Rinconada de la zona sur de La Paz, para que fungiese como hijo de la imputada ante la Jueza de la Niñez y Adolescencia, Jaqueline Rada, su equipo técnico y la abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Rosa Coarite.
"En la presentación ante la jueza y posterior entrevista ofrecida a la cadena televisiva internacional CNN, en fecha 5 de mayo pasado, el menor aseguró que era hijo de Zapata y (del presidente Evo) Morales como le enseñaron los imputados, quienes de esa manera obstruyeron la sana administración de justicia y vulneraron el derecho a la identidad del infante”, señala un boletín de prensa de la Fiscalía de La Paz.
En esa dirección, la comisión de fiscales mostró ante la autoridad jurisdiccional las pruebas colectadas y declaraciones de los imputados que se constituyen en indicios suficientes que determinan la probabilidad de autoría.
De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público, se lee en el boletín, el accionar de los imputados se ‘subsume’ a los cuatro tipos penales mencionados con anterioridad, toda vez que, por medio de engaños y abuso de la situación de dependencia o vulnerabilidad de la víctima, presentaron al menor, previo negociado económico con los progenitores.
Además, agrega el texto, los fiscales del caso argumentaron la concurrencia de riesgos procesales, tales como la no acreditación de un domicilio, trabajo o familia, lo que hace presumir que tiene las facilidades para abandonar el país o permanecer ocultos.
También evidenciaron el comportamiento de los imputados, quienes podrían entorpecer y obstaculizar la averiguación de la verdad, influir en el resto de los investigados para que informen falsamente, o se comporten de manera reticente, entre otros riesgos procesales.
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